Nicolás Adet Larcher.
En Casa Rosada, a mediados de marzo, el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión con 24 ministros de economía de cada provincia para redefinir conceptos vinculados a la coparticipación del tesoro. El proyecto de ley por el pago a los buitres ya tenía media sanción y se perfilaba una necesidad de avanzar en las discusiones para poder tomar deuda. La idea era impulsar planes de acción prometidos en campaña a través de esa deuda.
La promesa del ejecutivo era que la aprobación de la ley iba a beneficiar en primer lugar a las provincias y había sujetado el impulso del Plan Belgrano a un sí de parte del congreso para los Buitres. La reunión tenía lugar luego de varias semanas de tensión entre el gobierno nacional y las provincias por el destino del 15% de masa coparticipable que era retenida desde 1992 para financiar ANSES. Desde febrero, el gobierno intentaba tender canales de diálogo para evitar una derrota en el Congreso para aprobar sus leyes, ante el inicio de las sesiones ordinarias.
La Coparticipación Federal tiene su base en la Ley 23.548, vigente desde enero de 1988 y regula la división de ingresos del estado y los estados provinciales, a través de impuestos directos o indirectos que sean determinados por el Congreso de la Nación. La distribución se determina en forma automática donde un 42,34% es para nación y el 54,66% es para las provincias adheridas. Queda un 3% restante para otras derivaciones. Santiago del Estero recibía un 4,13% del monto total de la transferencia por coparticipación según un estudio del Centro CIFRA[1]
En diciembre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, había emitido un decreto de necesidad y urgencia (DNU), donde se refería al reintegro de la masa coparticipable. Unos días antes, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligaba al estado nacional a devolver el 15% retenido a provincias como Santa Fe, San Luis y Córdoba. El fallo tenía la particularidad de que habilitaba a todas las demás provincias a hacer el mismo reclamo. El DNU cuestiona el fallo de la Corte y extiende su alcance hacia todas las provincias que iban a recibir en total 57 mil millones de pesos en base al monto captado durante el año. Desde el boletín oficial se hacía mención a la obligación de que el Tesoro Nacional se encargue de cubrir las diferencias financieras que representaba la coparticipación. El Ministro de Trabajo, Jorge Triacca (antes de asumir como tal) había repudiado el accionar del decreto argumentando que la ejecución del mismo ponía en peligro el sistema previsional.
Reunión de gabinete. Fotografía: Presidencia de la Nación
Para provincias como Buenos Aires, el monto a devolver oscilaba entre los 12 mil millones de pesos mientras que para otras, el monto era menor a los mil millones. Luego de su asunción el 10 de diciembre, Mauricio Macri se reunió con los gobernadores de las distintas provincias para calmar los ánimos frente a las demandas por la coparticipación. Sin embargo, eso no evitó que algunos gobernadores plantearan la necesidad de esos y otros fondos. Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudia de Zamora (Santiago del Estero), fueron las voces que expresaron su preocupación sobre los fondos retenidos a la provincia. Otros, plantearon la necesidad de fondos para obras públicas donde había trabajadores “sin cobrar” como lo mencionado por la gobernadora de Catamarca, mientras se reclamaba el congelamiento de dichas obras. También, hubo reclamos como el de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, para recibir fondos para pagar salarios.
El gobierno decidió derogar en enero el DNU de Cristina, para negociar términos de un pago gradual para las provincias. En marzo, Frigerio fue el encargado de anunciar el acuerdo delineado con los gobernadores para llegar a una posible solución. El plazo acordado fue de 3 o 4 años, donde la devolución se concretará en cuotas de un 3% anual para que las provincias puedan contar con un instrumento financiero en vistas del 2019 (año electoral) como un posible plazo para finalizar los pagos. Esta modalidad en cuotas implicaría un monto de 25 mil millones solamente en 2016 para devolver a las provincias, Santa Fe, Córdoba y San Luis recibirán 14 mil millones, mientras que los 11 mil millones restantes se distribuirán en el resto de las provincias.
Los otros fondos
Además de la coparticipación, existen las llamadas transferencias discrecionales provenientes del Tesoro Nacional, que comprenden los fondos enviados desde nación para la ejecución de obras públicas o el pago de salarios a empleados públicos. Este mecanismo, se utiliza de manera discrecional de parte de cada gobierno lo que provoca reclamos desde los gobiernos provinciales por “favoritismos”. Desde enero hasta marzo de este año, las provincias más beneficiadas por el reparto de fondos desde el gobierno nacional fueron aquellas donde Cambiemos obtuvo números favorables. Son los casos de Mendoza y Jujuy, que se perfilan como las provincias que más fondos recibieron de enero a marzo, (Mendoza obtuvo $1.800 millones en ese lapso donde 69 millones pertenecen a obras adeudadas) a diferencia de otras que no tuvieron la misma suerte.
Según los registros del gobierno nacional, se enviaron desde diciembre a marzo, $9.959 millones como adelanto coparticipable y unos $734 millones para obras públicas. De ese monto, solamente se destinaron fondos para obras en Formosa, Misiones, Salta, Rio Negro, La Pampa, San Juan, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, pero hasta el momento no recibieron adelantos de coparticipación. Las últimas en obtenerlos fueron Tucumán, Santa Cruz y La Rioja a principios de mayo.
En los años del kirchnerismo, la inversión en obras públicas se ubicó en los 596 mil millones hasta el 31 de agosto de 2015[2] según reseña el periodista Horacio Verbitsky. De ese monto, un 56, 3% correspondía a inversión de organismos nacionales mientras que el 43,7% restante se invertía a través de provincias y municipios.
Pese al envío para obras, los fondos no alcanzan y muchas provincias expresan que las obras públicas están paradas en un porcentaje alto o casi en su totalidad. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), durante los primeros meses de gestión de Macri, las provincias recibieron un 32,6% menos en cuanto a transferencias que lo que recibieron en el mismo trimestre durante 2015. Para Iaraf, solamente se ejecutó el envío de un 11,5% de los fondos previstos para las provincias cuando a esta altura del año el porcentaje debería ascender a un 22%. Según el informe, esto evidencia un ajuste en la obra pública y sus ejecuciones reales en territorios provinciales.[3]
Gobernadores en la Quinta de Olivos. Fotografía: Presidencia de la Nación.
Las provincias más perjudicadas por la discrecionalidad ejecutada desde nación, son aquellas provincias apenas recaudan un 10% de sus recursos totales como el caso de Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Formosa. En el caso de Santiago del Estero, 9 de cada 10 pesos que se gastan provienen de nación[4]. Pese a esto, Santiago es una de las pocas provincias que no presenta deudas con el estado nacional[5], lo que no exceptúa que a futuro deba contraer deuda en caso de dificultades para sanear la economía por falta de fondos ante los espejos de colores del Plan Belgrano.
En abril, en medio de pagos atrasados y reclamos, el gobierno anunció un nuevo esquema para las provincias. El ejecutivo anunció a las provincias que a partir de ahora, cada distrito deberá hacerse cargo de un tercio del financiamiento de proyectos de obra pública (un 33%) y las licitaciones menores a 20 millones de pesos. La decisión abarcará a planes ya licitados durante el kirchnerismo y a planes a futuro; esto pone en jaque a muchas provincias ya que provoca que inevitablemente deban endeudarse para afrontar compromisos. Las más perjudicadas, las provincias que no poseen una recaudación propia suficiente para afrontar gastos y dependen en gran medida de nación. El nuevo esquema estuvo en manos de Daniel Chain, Secretario de Obras Públicas y de Frigerio, quienes detallaron que se publicaran pliegos de manera pública y en forma online, además que se realizará un lanzamiento para licitaciones masivas.
Los gobernadores no recibieron con buenos ánimos la noticia en una reunión entre funcionarios nacionales y del interior donde las cosas no terminaron muy bien. La mayor crítica, la falta de avances en una resolución concreta sobre el 15% de coparticipación para que las provincias puedan afrontar los nuevos esquemas – sorpresivos – de parte del gobierno nacional. Para el 18 de mayo está previsto un nuevo encuentro en Córdoba donde se intentará convencer a los gobernadores con una propuesta superadora sobre la cuestión. En principio, se mantendrá la oferta de un 3% en efectivo y un 3% en instrumentos financieros para este año, pero se intentará mejorar los mecanismos y los plazos de financiamiento. Los mayores reclamos provienen de las provincias endeudadas.
Por lo pronto, ya fueron varias las provincias que anunciaron que tomarán deuda externa para poder afrontar gastos. Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, Chubut y Santa Fe anunciaron que junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conformaran un grupo que buscará ingresar al mercado internacional a buscar fondos por 4 mil millones de dólares. La semana pasada, Neuquén había obtenido buenos resultados obteniendo financiamiento por 235 millones de dólares. La idea es poder financiar infraestructura territorial a través de deuda.
El desafío de las provincias durante estos meses será llegar a fin de año con las cuentas en orden ante la escasa ayuda de nación y las posibilidades de acceder a un mercado que otorga efectivo inmediato con el riesgo del endeudamiento a futuro. Por lo pronto, algunos gobernadores ya estructuraron un plan de lucha frente a las decisiones tomadas desde el gobierno nacional y pusieron un plazo: a fines de mayo debe haber una solución clara que demuestre un compromiso para devolver el 15% de coparticipación y otros fondos urgentes. Como una forma de presionar al ejecutivo nacional, muchos anunciaron su apoyo a la ley antidespidos a la vez que también apostaran a una pausa en el tratamiento de los pliegos de los dos jueces propuestos por Macri para la Corte Suprema. El 18 habrá novedades.
Citas
[1] http://www.centrocifra.org.ar/docs/DT%20n5%20.pdf
[2] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298830-2016-05-08.html
[3] http://www.iaraf.org/
[4] http://www.pagina12.com.ar/visor/fotos/20160221/notas/cuadro2.jpg
[5] Documento de trabajo Nº 5 de CIFRA “El sistema de coparticipación federal de impuestos en la actualidad” pág. 17